El factoring público es una solución recomendable para compensar el habitual retraso en los cobros de las administraciones públicas.
Trabajar con ellas te ofrece, como empresa, grandes ventajas. En especial la posibilidad de acceder a grandes contratos y obtener una imagen de calidad y confiabilidad en el mercado.
La contrapartida es cobrar a largo plazo, lo cual pone en peligro tu contabilidad y tu tesorería.
1. ¿Cómo suele pagar la administración pública a sus proveedores?
Los pagos de la administración en España están regulados por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Según esta normativa, el plazo máximo es de:
– 30 días para aprobar las certificaciones y las entregas incluidas en el contrato.
– 30 días para pagar tras la aceptación inicial.
Por tanto, el pago se puede alargar hasta los 60 días. No obstante, en la práctica, el plazo medio de los pagos de la administración supera los 61 días porque, lamentablemente, existen organismos que se retrasan más de lo legalmente fijado.
Otro factor que complica esta situación es que a menudo, las contrataciones públicas son proyectos complejos y dilatados que exigen inversiones previas a su realización. Por ejemplo, comprar materias primas y subcontratar a colaboradores. Por ello, con frecuencia, no solo hay que lidiar con este retraso en los cobros, sino que es mientras tanto el correcto desarrollo del proyecto exige continuas inversiones para acopio.
La parte positiva es que, en la mayoría de las ocasiones, el cobro final está garantizado. Al contrario de lo que sucede en el sector privado, el riesgo de impago es prácticamente nulo. Lo que constituye una ventaja que anima, a colaborar profesionalmente con estas instituciones.
Trabajar con el sector público supone, por tanto, asumir que los pagos de la administración tardarán en llegar. En consecuencia, si trabajas de manera recurrente con estas administraciones, necesitarás adoptar soluciones que protejan y salvaguardaren la liquidez de tu negocio. El factoring público es, hoy en día, la mejor de ellas.
2. Factoring público, la solución a este problema
El retraso en los cobros exige a tu empresa gozar de una salud económica sobresaliente o, en su defecto, buscar fórmulas alternativas de financiación.
Además, ten presente que mientras tus recursos empresariales se centran en un contrato público de gran envergadura, disminuye la dedicación a otros proyectos. Dicho de otro modo, habrá un lógico stand by respecto al cobro de otros servicios prestados.
En consecuencia, trabajar con las administraciones a veces supone:
– Cobrar más tarde.
– Adelantar inversiones.
– Reducir temporalmente los ingresos recibidos.
– Afrontar tensiones de liquidez y tesorería.
3. En qué consiste el factoring público
Para evitar que la tardanza en los pagos de la administración lastre tu actividad empresarial, debes encontrar una financiación ágil y asequible. En líneas generales, lo ideal es conseguir adelantar antes de su vencimiento el cobro de esas facturas pendientes de las instituciones públicas.
Si te encuentras en esta situación, el factoring es la herramienta financiera que necesitas. Te permitirá disponer de liquidez inmediata en tus negocios.
¿En qué consiste este servicio?
Se firma un contrato por el que se traspasan las facturas emitidas y la entidad que las compra paga un valor inferior, obteniendo de esta manera, un rendimiento económico.
Dicho de otro modo, cedes las facturas pendientes de cobro para obtener dinero de forma inmediata. A cambio, pierdes un pequeño porcentaje de su valor, como sucede con cualquier servicio de financiación.
El factoring público, en concreto, está centrado en anticipar facturas de pagos de la administración. De este modo, mejorarás tus ratios de liquidez y te ahorrarás disgustos, tensiones y desajustes de tesorería.
Su contratación conlleva costes financieros pequeños y pocas exigencias contractuales, por lo que resulta un sistema ágil, rentable y oportuno. Además, esa liquidez se consigue con activos propios, sin recurrir al endeudamiento. Por ello, no incrementa tu pasivo.
En definitiva, el factoring público es un recurso excelente para afrontar y compensar el retraso en los cobros de las administraciones públicas.
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